REPRESIÓN EN SOMOSAGUAS
Es la tercera vez en menos de un año que los antidisturbios entran en la
Universidad Complutense de Madrid, concretamente en el campus de
Somosaguas para lo que se requiere la petición expresa del Rector y el
consentimiento de los Decanos. El motivo que se ha utilizado es
garantizar el normal funcionamiento de la universidad. Sin embargo, la
desproporción y el recurso a un cuerpo policial armado en vez de al
diálogo y la mediación nos obliga a pensar en otras razones de mayor
calado.
Las autoridades académicas hace tiempo que han renunciado a resolver los
problemas que realmente impiden el normal funcionamiento de una
universidad pública. En vez de hacer frente a una situación inaceptable
(subida de tasas, bajada de salarios, despidos, pérdida de derechos
laborales, deterioro de las condiciones de trabajo, etc.) se afanan en
aplicar los recortes, renunciando al diálogo con estudiantes,
profesorado, personal de administración y servicios y trabajadorxs de
contratas, acabando con cualquier tipo de resistencia y recurriendo si
es necesario a los antidisturbios.
Los recortes en la universidad pública implican un cambio de modelo y
una transformación radical de la enseñanza pública en la misma lógica de
destrucción de lo público que afecta a todo el país. La diferencia es
que mientras en otros sectores como la sanidad los equipos de dirección
encabezan las reivindicaciones, en la universidad se opta por imponer sí
o sí los recortes. El nuevo modelo de universidad pública supone acabar
con el criterio de universalidad, calidad de la enseñanza, autonomía
universitaria y democracia. La universidad está dejando de garantizar
una formación para todos, independientemente de su extracción social. Es
una universidad para los que pueden pagar, donde la falta de recursos
humanos y materiales hace imposible una docencia de calidad y prestigio y
donde las únicas decisiones que toma el Consejo de gobierno son las de
cómo aplicar los recortes y rendir cuentas a la Comunidad de Madrid.
Cuando desde algún centro se genera alguna oposición a la aplicación de
los recortes, se recurre a la coacción y a la amenaza. Los gerentes
persiguen y amonestan a los trabajadores prohibiendo que se envíen
correos sobre acciones y comunicados, obligándoles a quitarse chapas y
pegatinas reivindicativas, cerrando el acceso a internet de sus
ordenadores, cuando hay huelga como la de los compañerxs de la limpieza
se llama a la seguridad de la universidad para generar miedo y
violencia; y
finalmente, se recurre a 18 furgones de antidisturbios para desalojar a
un grupo de apenas 20 estudiantes que protestaban contra los recortes en
educación.
La imagen de deterioro y desesperación que proyectan algunos centros,
también por la imagen de los medios de comunicación alimentada por el
rectorado, por ejemplo, vinculando las protestas por los recortes en
educación del día 25 de abril a las movilizaciones a las puertas del
Congreso no puede llevarnos a desatender por la que pasan nuestros
estudiantes, nuestros compañeros cuyo salario ya es de subsistencia, las
compañeras de la limpieza obligadas a trabajar más por menos o los
compañeros de mantenimiento despedidos.
Lo cierto es que los recortes no afectan a todos por igual y hay quienes
consideran que su trabajo y sus intereses no están en peligro, pero
anteponer la “ley y el orden” a la justicia implica que se ha renunciado
al diálogo y se genera una espiral de violencia que sólo perjudica a
los más débiles.
Defender la universidad pública no puede ser un mero discurso hacia los
medios de comunicación ni un lazo verde en la solapa. Defender la
universidad pública implica ponerse a la cabeza de las reivindicaciones
de una financiación adecuada, que garantice los derechos de todos los
trabajadores y de los estudiantes, desde el compromiso con lo público,
sin coacciones ni amenazas, abriendo cauces para ser escuchados y
defendiendo los legítimos intereses de todos.
Si el Rector y los Decanos quieren actuar con responsabilidad y
realmente empezar a resolver los verdaderos problemas de la Universidad,
se hace necesaria la disculpa a trabajadores y estudiantes por haber
recurrido a la intervención de los antidisturbios así como un compromiso
público de NO AUTORIZAR la entrada de este cuerpo policial en los
campus universitarios.
Ángeles Diez (PDI), Marta Piñeiro (PAS), Carmen Romero (PDI), Rommy Arce
(PAS), Javier García ( PAS ) Caridad Maroto (PAS), Alba Artiaga Leiras (
Becaria), Antonio Poveda (PAS), Elena Casado (PDI), Pilar Montero Díez
(PAS), Rosario Moreno Nuñez (PAS), Antonio García García (PDI) y más
compañeras y compañeros de la Plataforma de Trabajadores de la UCM.
http://trabajadoresucm.wordpress.com/2013/05/07/el-lenguaje-de-los-antidisturbios-en-nuestra-universidad/
ELISA DE TOCA ZAVALA.
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